Desde el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2014 contra el programa de caza de ballenas de Japón en la Antártida (JARPA II), el gobierno japonés ha desarrollado e implementado una estrategia política para continuar cazando ballenas minke en el Océano Austral. Dado que la Comisión Ballenera Internacional no ha tenido la capacidad de hacer cumplir la sentencia de la Corte y considerando las implicancias de la continuación de la política ballenera de Japón en la Antártida y en la seguridad del Océano Austral, estas matanzas deberían convertirse en motivo de preocupación para los Miembros del Sistema del Tratado Antártico (STA).